La Justicia federal de Resistencia procesó a un exmilitar y dos expolicías chaqueños por su presunta responsabilidad en los secuestros, torturas y desapariciones forzadas de tres militantes políticos durante la última dictadura cívico-militar. La resolución, dictada el martes 13 de octubre, también comprende los delitos cometidos contra la esposa y los dos hijos pequeños de una de las víctimas.

Los procesados son el exteniente coronel del Ejército Aldo Héctor Martínez Segón, el excomisario José Francisco Rodríguez Valiente y el exsargento Gabino Manader, ambos exintegrantes de la Policía del Chaco. Se les atribuyen delitos cometidos contra Raúl María Caire, Raúl Antonio Méndez y Hegilberto Ricardo Nadalich, secuestrados en noviembre de 1976.

En la misma resolución, la magistrada dispuso el sobreseimiento del exteniente del Ejército Luis Alberto Patetta al considerar que no se reunieron elementos suficientes para vincularlo con la privación ilegal de la libertad de Caire.

La investigación reconstruyó el funcionamiento de centros clandestinos de detención en la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía de Resistencia, donde las víctimas fueron mantenidas cautivas y sometidas a torturas.

El secuestro de una familia y la detención de dos niños

Uno de los hechos centrales del expediente es el secuestro de Raúl María Caire, ocurrido el 2 de noviembre de 1976 en Resistencia, durante un operativo conjunto del Ejército y la Policía. Según la reconstrucción judicial, Caire fue trasladado a un centro clandestino que funcionaba en el primer piso de la Jefatura de Policía, donde sufrió tormentos.

Su esposa, Luisa Rodríguez, y sus hijos, que entonces tenían dos años y diez meses, respectivamente, también fueron privados ilegalmente de la libertad.

Los tres permanecieron detenidos en la Brigada de Investigaciones, donde fueron sometidos a condiciones inhumanas, sin alimentación, higiene ni vestimenta adecuadas. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el cautiverio clandestino se extendió durante un mes y 23 días, hasta que su situación fue formalizada y fueron trasladados a la Alcaidía.

El procesamiento incorpora así la violencia ejercida contra los niños y su madre como parte de los delitos investigados, además de la desaparición de Caire.

Las desapariciones de Méndez y Nadalich

La resolución también reconstruye los secuestros de Raúl Antonio Méndez y Hegilberto Ricardo Nadalich, ocurridos pocos días después.

Méndez fue detenido el 6 de noviembre de 1976 y trasladado a la Brigada de Investigaciones de Resistencia. Allí sufrió torturas y, según los testimonios incorporados a la causa, fue visto por última vez con vida en grave estado de salud.

Por su parte, Nadalich fue detenido el 7 de noviembre y llevado a la misma dependencia policial. Permaneció cautivo en el sótano del edificio, donde también fue sometido a tormentos por integrantes de las fuerzas de seguridad.

Ambos continúan desaparecidos, al igual que Caire.

Quiénes eran los tres militantes desaparecidos

Raúl María Caire era empleado bancario, había estudiado Filosofía en el Instituto del Profesorado de Concordia y se desempeñó como dirigente de la Asociación Bancaria. Militaba en la Juventud Peronista y, tras recibir amenazas de la organización parapolicial Triple A en 1975, debió abandonar Concordia.

Raúl Antonio Méndez había participado en las Ligas Agrarias de Corrientes y trabajado como docente rural en Santa Lucía. Estudiaba Medicina en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y militaba en la Juventud Universitaria Peronista.

Hegilberto Ricardo Nadalich fue referente del Movimiento Rural Católico en las diócesis de Reconquista y Formosa. También integró el Movimiento Internacional de la Juventud Agraria y Rural Católica y desarrolló actividades vinculadas con organizaciones campesinas en Tucumán y Salta, antes de establecerse en Corrientes como consecuencia de la persecución política.

Una investigación basada en testimonios y archivos históricos

Para fundamentar los procesamientos, la Justicia Federal analizó declaraciones de familiares y exdetenidos políticos, reconocimientos fotográficos, actuaciones judiciales, documentación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), publicaciones periodísticas de la época e investigaciones históricas.

La causa había avanzado en marzo de este año, cuando la Fiscalía Federal de Resistencia solicitó las declaraciones indagatorias de los cuatro exintegrantes de las fuerzas armadas y de seguridad. Las audiencias fueron convocadas para abril y culminaron con la resolución conocida este martes.

El nuevo procesamiento se suma a otras investigaciones judiciales sobre el terrorismo de Estado en Chaco. En junio de 2026, Niremperger también había procesado a 14 personas, entre ellas exmilitares, expolicías y un exfiscal federal, por integrar presuntamente una asociación ilícita destinada a cometer crímenes de lesa humanidad. Esa investigación constituye un expediente diferente.

La resolución del 13 de octubre representa un avance en la atribución de responsabilidades penales por los hechos investigados, aunque no implica una condena definitiva.