La Cámara de Diputados de Paraguay resolvió rechazar por unanimidad la renuncia presentada por el presidente Santiago Peña, forzando al mandatario a someterse al proceso de juicio político para su destitución formal.

La decisión parlamentaria busca evitar que el gobernante eluda las responsabilidades políticas y penales a través del estatus y los fueros parlamentarios inherentes a la senaduría vitalicia.

La crisis institucional estalló tras el colapso financiero de Ueno Bank, entidad fuertemente vinculada a sectores del oficialismo y depositaria de cientos de millones de dólares en fondos públicos y jubilatorios.

El bloqueo de los ahorros de cerca de tres millones de clientes desató masivas movilizaciones ciudadanas en las calles de la capital, pulverizando el sostén partidario del mandatario, luego de que el propio expresidente Horacio Cartes y las diferentes bancadas del gobernante Partido Colorado resolvieran retirar su apoyo.

Ante la negativa del Legislativo a validar su dimisión, Peña difundió un comunicado oficial en el que confirmó que no rehuirá al proceso constitucional: «Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Mi suerte personal no está por encima del Paraguay».

Con el expediente habilitado en la Cámara baja, el proceso pasa ahora a consideración de la Cámara de Senadores, que actuará como tribunal de juzgamiento para resolver la separación definitiva del cargo.