En medio del conflicto por la adjudicación de viviendas en General San Martín, el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda  (Ipduv), Fernando Berecoechea , reafirmó que el proceso se realizará exclusivamente mediante sorteo público, descartando cualquier tipo de discrecionalidad.

El funcionario sostuvo que el organismo avanza en la reactivación y finalización del complejo habitacional, que había quedado paralizado desde 2023 y actualmente presenta un avance cercano al 75%. En ese marco, explicó que ya se ejecutan nuevas obras de infraestructura para completar servicios esenciales.

Berecoechea detalló que 83 viviendas ya fueron sorteadas previamente —aunque se verificará el cumplimiento de requisitos— y que otras 155 unidades serán adjudicadas una vez concluidas las obras.«Todas las familias tienen el mismo derecho a participar. No puede haber decisiones discrecionales, ni de amigos ni familiares», afirmó.

Además, rechazó versiones sobre la existencia de una «lista de consenso» para la asignación de viviendas y aseguró que no existe ninguna presentación formal en ese sentido. Según explicó, cualquier adjudicación debe ajustarse a normas claras, auditables y con participación de la comunidad.

En paralelo, advirtió que el organismo avanzará con denuncias judiciales ante cualquier intento de ocupación ilegal de las viviendas antes de su finalización.  En esa línea, remarcó que el objetivo del Gobierno provincial es garantizar transparencia y acceso equitativo a las unidades habitacionales.

Cabe recordar que, en este contexto, la Justicia declaró nulo un listado de adjudicatarios impulsado previamente por el municipio de San Martín, lo que profundizó la disputa en torno al mecanismo de asignación.

El episodio del sábado que reavivó la tensión

El conflicto tuvo un nuevo capítulo el último sábado, cuando el diputado nacional Aldo Leiva  intentó ingresar al predio donde se construyen las viviendas, pese a las restricciones vigentes.

En el lugar se desplegó un operativo de la Policía del Chaco para prevenir posibles usurpaciones y las autoridades del Ipduv explicaron que el acceso está prohibido por tratarse de una obra en ejecución, bajo control de la empresa constructora y por razones de seguridad.

Según registros difundidos en redes, Berecoechea le advirtió al legislador que no podía ingresar para evitar conflictos, pero Leiva avanzó igualmente. El hecho reavivó la disputa política en torno al proceso de adjudicación y al manejo del complejo habitacional.