Un documento oficial revela posibles inconsistencias en los procedimientos utilizados para avanzar con la venta de activos estatales estratégicos. La controversia alcanza a empresas como Nucleoeléctrica, AySA, Intercargo, Belgrano Cargas y las represas del Comahue, mientras crecen los cuestionamientos sobre la intervención del organismo encargado de valuar los bienes públicos.
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Nucleoeléctrica aparece entre las empresas estateles a privatizar.
NA
Las privatizaciones a granel (la intención por ahora) como forma de debilitar el aparato del Estado serán una de las huellas que dejará el paso de Javier Milei por la Casa Rosada. Sin embargo, el camino no es prolijo ni, presuntamente, atado a las normas, de acuerdo con la respuesta del presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, el arquitecto Julio Roberto Villamonte, a la que accedió Ámbito.
El 9 de junio, Villamonte respondió a un pedido de acceso a la información sobre una serie de privatizaciones muy sensibles en torno de Nucleoeléctrica, AySA, Belgrano Cargas, Transener, Intercargo y las represas del Comahue. Varias de ellas benefician a familias relacionadas con diferentes estratos del Gobierno nacional, como, por caso, los Neuss, Chernajovsky y Stanley. En el documento señalado, ante diversos interrogantes, Villamonte aseveró que el reglamento interno del Tribunal de Tasaciones le “asigna la representación del Organismo”. Sin embargo, la resolución de 2023 a la que alude Villamonte dice otra cosa.
