El Gobierno nacional oficializó este viernes parte del paquete de medidas anunciado por el presidente Javier Milei en torno a la cuestión Malvinas, con un refuerzo presupuestario para las Fuerzas Armadas y un nuevo procedimiento para avanzar contra empresas que realicen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en la plataforma continental.  

Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante el DNU 867/2026 y el Decreto 868/2026. La primera norma modifica el Presupuesto 2026 y, según argumentó el Ejecutivo, busca «fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento».  

De acuerdo con las planillas anexas, las modificaciones positivas destinadas al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto rondan en conjunto los $217.954 millones. El Ministerio de Defensa recibe unos $114.732,8 millones para adelantos a proveedores y contratistas de largo plazo, mientras que para el Ejército se contemplan otros $60.429,5 millones.

La Fuerza Aérea suma aproximadamente $34.156,9 millones, principalmente para adelantos a proveedores y gastos vinculados al alistamiento operacional. La Armada, en tanto, incorpora cerca de $8.115,6 millones para equipamiento, repuestos, mantenimiento e iniciativas relacionadas con su capacidad operativa. El Estado Mayor Conjunto recibe otros $519,4 millones para gastos de personal.   

La modificación presupuestaria, sin embargo, no está destinada exclusivamente a la cuestión Malvinas. El mismo DNU también amplía recursos para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), entre otros organismos. Sí aparece una partida específicamente vinculada con el reclamo argentino: unos $561 millones para «Acciones Diplomáticas asociadas a la Cuestión Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur», bajo la órbita de Cancillería.   

Cómo funcionarán las sanciones por la explotación de hidrocarburos

En paralelo, mediante el Decreto 868/2026, el Ejecutivo designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que prohíbe desarrollar o colaborar con actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.

La legislación ya establece que quienes incumplan esas prohibiciones pueden ser inhabilitados durante un período de cinco a 20 años. En caso de que la empresa sancionada cuente además con concesiones hidrocarburíferas dentro de la Argentina, estas pueden revertirse al Estado nacional o a las provincias correspondientes.   

Lo que hace ahora el Gobierno es establecer un procedimiento específico para acelerar la aplicación de esas penas. Todos los organismos nacionales deberán comunicar a Cancillería, dentro de los cinco días hábiles de haber tomado conocimiento, cualquier hecho que pueda constituir una infracción.

Si existen indicios suficientes, se abrirá un sumario. La persona o empresa investigada dispondrá de 10 días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas, y posteriormente Cancillería tendrá otros 10 días hábiles para resolver si archiva las actuaciones o aplica la sanción. La resolución sancionatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial y también será comunicada a la Secretaría de Energía, la Procuración del Tesoro y el Ministerio Público Fiscal.   

La decisión está particularmente asociada al avance de proyectos petroleros en torno a las Malvinas, entre ellos Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, cuya explotación es rechazada por la Argentina por no contar con autorización nacional.   

También habrá controles para ingresar al RIGI

El decreto incorporó además una condición vinculada con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las empresas que pretendan adherirse deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que tanto ellas como sus socios directos o indirectos cumplen y continuarán cumpliendo con la Ley 26.659.

Cancillería deberá intervenir antes de que se apruebe la incorporación de esos proyectos al régimen para verificar que no existan actividades incompatibles con la normativa sobre Malvinas. Una exigencia similar regirá para quienes soliciten permisos, concesiones o autorizaciones bajo la Ley de Hidrocarburos.   

Otra modificación presupuestaria con fondos vinculados a Defensa

En la misma edición del Boletín Oficial se publicó además la Decisión Administrativa 26/2026. Se trata de una reestructuración presupuestaria más amplia que alcanza a distintas áreas del Estado, pero contiene varios puntos vinculados con Defensa.

La norma dispone reforzar el presupuesto del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, luego del incremento de los haberes del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. También prevé adecuaciones para atender las necesidades de financiamiento de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) y contempla la transferencia de tres agentes de planta permanente desde el Ministerio de Desregulación hacia Defensa.  

Esta decisión administrativa incluye, además, modificaciones para Salud, ANSES, PAMI, Vialidad y otras dependencias. Entre sus cambios de mayor magnitud, el Gobierno elevó en $250.000 millones el límite destinado al pago de deudas previsionales reconocidas judicial o administrativamente, que quedó fijado en $962.288 millones.