Docentes de las universidades públicas iniciaron este miércoles un paro nacional de 72 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial del 33,4%. La medida se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y afectará el dictado de clases en distintas casas de estudio del país.

La protesta fue convocada por organizaciones gremiales del sector universitario y se desarrolla en una jornada clave para el conflicto: este miércoles vence el plazo otorgado por la Justicia al Gobierno nacional para avanzar con el cumplimiento de una medida cautelar vinculada con la aplicación de la Ley 27.795.

La huelga se suma a las medidas de fuerza realizadas durante el año y forma parte del plan de lucha que tendrá otro punto central el próximo 15 de octubre, cuando se concrete la quinta Marcha Federal Universitaria. Según datos difundidos por los gremios, con estas tres jornadas el conflicto acumulará alrededor de 35 días sin clases durante 2026.

Qué reclaman los universitarios

Uno de los principales pedidos es una recomposición salarial del 33,4% sobre los últimos haberes percibidos, porcentaje que los gremios vinculan con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. También reclaman el retroactivo correspondiente y la actualización de las becas estudiantiles.

Las organizaciones sindicales sostienen que hasta el momento no hubo una respuesta que permita cerrar la diferencia salarial. En la última negociación, el Gobierno planteó un incremento del 6% para el bimestre, con un 3% correspondiente a septiembre, propuesta que fue rechazada por los representantes de los trabajadores.

Desde los gremios consideran que esa actualización resulta insuficiente para compensar el atraso salarial y alcanzar los porcentajes que, según su interpretación, corresponden por la normativa vigente y la resolución judicial.

Vence la intimación de la Justicia

El conflicto sumó en las últimas semanas un capítulo judicial. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó el 21 de septiembre al Poder Ejecutivo a cumplir, en un plazo de cinco días hábiles, con una medida cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. El plazo vence este miércoles 30 de septiembre.

Esos artículos están relacionados con la actualización de los salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles. Mientras los sindicatos reclaman que se avance con su cumplimiento, el Gobierno anunció que recurriría la decisión judicial.

Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), sostuvo que hasta el inicio de la medida no habían recibido nuevas comunicaciones oficiales y cuestionó la falta de avances en la aplicación de la normativa.

Actividades durante el paro

Además del cese de actividades, distintas facultades programaron acciones para visibilizar el reclamo. En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA se realizará una jornada abierta a la comunidad, mientras que para este jueves está previsto un abrazo simbólico a la Facultad de Medicina.

Las medidas forman parte de las acciones impulsadas por el sector universitario de cara a la movilización nacional del 15 de octubre.

El Presupuesto 2027, otro frente de conflicto

La disputa salarial coincide con la discusión por los fondos destinados a las universidades públicas para el próximo año. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla alrededor de $7,3 billones para el sistema universitario, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que serán necesarios unos $11 billones.

La estimación de los rectores incluye salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento, infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios. De acuerdo con cifras difundidas por el sector, cerca del 90% de los recursos solicitados estaría destinado al pago de salarios.

Con el paro en marcha, el vencimiento de la intimación judicial y una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para mediados de octubre, el conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas continúa abierto.