El proyecto que presentó el gobierno de Javier Milei destina $7,3 billones, mientras el sector reclama $11 billones; advierten que, sin cambios, algunas casas de estudio podrían no abrir sus puertas. Los rectores fueron al Congreso una vez más, en la tarde de este miércoles, donde buscaron apoyo a su pedido entre los legisladores.

El presupuesto 2027 presentado por el Gobierno estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año que viene. Los rectores, en cambio, habían adelantado que los fondos necesarios para el próximo año ascendían a $11 billones, es decir, casi un 50% más de lo que contempla el proyecto oficial.

“Si no logramos modificaciones razonables al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene, ni más ni menos que eso”, dijo para inaugurar la reunión Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “Ni siquiera alcanzaría para los salarios”, sumó Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro.

Lo hicieron en una reunión convocada por Unión Por la Patria en el auditorio del anexo A del Parlamento. Entre otros diputados estaban Germán Martínez, Florencia Carignano, Juan Marino, Kellu Olmos, Julia Strada y Hugo Yasky. También estaba Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, de Provincias Unidas.

Mónica Biasone y Carlos Greco, titulares de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN, fueron los encargados de explicar sus cálculos. Según explicaron, partiendo de la base del crédito previsto para el sistema universitario para 2026, sumaron la recomposición necesaria para la aplicación plena de la ley de financiamiento universitario, aprobada y sostenida por el Congreso en octubre de 2025. Los gastos para el personal, por ejemplo, estimados en $8368 billones ya superan al presupuesto total para las universidades contemplado por el Gobierno para 2027.

“Si yo hiciera el ejercicio de tomar, por ejemplo, lo que paga mi universidad hoy de salario y hacerlo por trece, llevando eso al año que viene, casi no queda nada para funcionamiento”, graficó Bartolacci.

Sumando los fondos y programas específicos que integran el financiamiento universitario contemplado en el artículo 12, la propuesta del CIN alcanza los $10 billones. A eso le agregan partidas para recomponer los gastos de funcionamiento, el programa Fundar (Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional) y las becas Manuel Belgrano.

Plantearon el monto de $11,005 billones como el punto de partida para el sistema, que debería actualizarse el año que viene dado que no incorpora la inflación proyectada. “Los cálculos que hicimos son los que dan cuenta del cumplimiento de la ley”, planteó Greco. “El Gobierno anualiza el presupuesto vigente con apenas un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento, que no cubre siquiera la inflación de 2025. No hay ningún incremento”, planteó. En lo que va de este año, la inflación acumulada alcanzó un 21,3%.

El proyecto del Gobierno sigue incumpliendo la ley de financiamiento. Contempla un crédito de $7.349.082.049.312 para el conjunto de las universidades nacionales. Ese monto se divide en $6.326.177.949.919 en gastos de personal, funcionamiento y transferencias corrientes. Y $1.022.904.099.393 en partidas “debajo de la línea”, que incluyen ciencia y técnica, hospitales universitarios, fortalecimiento de recursos humanos y colegios preuniversitarios, entre otros ítems.

“Para cumplir la ley hoy hay que incrementar el salario en 33,5%. La deuda acumulada desde octubre 2025 alcanza a 3,2 salarios de agosto 2026 y nada de esto, más lo que se acumule en adelante, está previsto en el proyecto 2027″, explicó a LA NACION Javier Curcio, profesor e investigador del IIEP de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Este jueves, el Gobierno se reunirá con los universitarios. Está convocada nuevamente la reunión paritaria con los gremios y representantes de los rectores, a las 11 la docente y a las 15 la del personal no docente. En la última, el 1° de septiembre pasado, no hubo acuerdo y los gremios convocaron a un paro nacional al día siguiente. Rechazaron el 3% de aumento ofrecido en el encuentro que encabezó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

“No hubo ninguna instancia previa en la que nos contacten. Antes, el presupuesto era una aproximación del Gobierno que dialogaba con el CIN. Ese espacio no existió. Buscamos a alguien que nos escuche y buscamos a alguien para dialogar sobre esta política que debería ser de Estado. Es un problema para resolver, nosotros lo entendemos. Pero lo que queremos es que el Gobierno entienda que no somos un problema, somos la solución. El conocimiento es el factor de desarrollo del país”, dijo Greco.