Tras vencer el ultimátum de dos semanas al Reino Unido, el Gobierno de Javier Milei avanza con una acción judicial para exigir la suspensión inmediata del proyecto petrolero Sea Lion. La medida apunta a detener las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a las Islas Malvinas. 

El Gobierno nacional avanza con una nueva instancia de su reclamo contra el Reino Unido para frenar las actividades petroleras en las Islas Malvinas. Luego de que este lunes venciera el plazo de dos semanas otorgado a Londres para detener el proyecto Sea Lion, la administración de Javier Milei prepara una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.

La iniciativa tiene como principal objetivo conseguir medidas provisionales urgentes que permitan suspender las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, mientras se desarrolla un procedimiento de arbitraje internacional.

La decisión se produce después de que el Gobierno británico rechazara las advertencias argentinas y respaldara la continuidad del emprendimiento petrolero, impulsado con autorización de las autoridades locales del archipiélago.

Argentina busca una suspensión inmediata del proyecto Sea Lion

La estrategia jurídica es coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el canciller Pablo Quirno, junto con la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Sebastián Amerio.

Según la información difundida, ambos organismos trabajan en la formalización de una solicitud de medidas cautelares ante el tribunal internacional para impedir que continúen las actividades petroleras en la zona en disputa.

El procedimiento se enmarca en una instrucción presidencial del pasado 28 de septiembre, mediante la cual Milei dispuso activar el mecanismo de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El pedido argentino no implica una paralización automática del proyecto Sea Lion.Para que las operaciones sean suspendidas, será necesaria una decisión favorable del órgano internacional competente.

En paralelo, la Procuración del Tesoro trabaja en la conformación del equipo jurídico que representará al país, con la posibilidad de incorporar especialistas internacionales en derecho marítimo.

El reclamo se concentra en los recursos naturales y no en la soberanía

Uno de los aspectos centrales de la presentación es que la Argentina no solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar una resolución sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

El planteo estará enfocado en las obligaciones internacionales vinculadas con la conservación, administración y explotación de los recursos marítimos en áreas cuya jurisdicción es objeto de controversia.

De esta manera, el Gobierno buscará cuestionar jurídicamente el desarrollo unilateral de actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur, sin trasladar al tribunal la discusión de fondo sobre la soberanía del archipiélago.

Reino Unido mantiene su respaldo a la actividad petrolera

La decisión argentina llega después de que Londres mantuviera su posición favorable a la continuidad del proyecto Sea Lion, pese a los reclamos diplomáticos formulados desde Buenos Aires.

El Gobierno británico sostiene que las autoridades de las islas tienen derecho a promover el desarrollo económico y aprovechar los recursos naturales de la zona. Argentina, por su parte, cuestiona la explotación unilateral de hidrocarburos en espacios marítimos cuya soberanía y jurisdicción se encuentran en disputa.

Con el vencimiento del ultimátum, el conflicto ingresa en una nueva etapa diplomática y judicial, en la que el Ejecutivo nacional buscará obtener una resolución internacional que impida el avance de las operaciones petroleras.

La eventual suspensión de Sea Lion dependerá del tratamiento de la solicitud argentina y de las decisiones que adopten los órganos internacionales competentes.