La causa conocida en Chaco como la de los narcopolicías dio un paso clave rumbo al juicio. Los fiscales federales Patricio Nicolás Sabadini y Ruth Hilgenberg formularon la acusación contra ocho integrantes de la Policía provincial y solicitaron penas que van desde los 8 hasta los 15 años de prisión, según el grado de participación que atribuyen a cada uno.

La presentación fue realizada en el marco del Legajo COIRON N° 239410/2025, caratulado «Urne Canteros, Néstor Ariel y otros s/ infracción Ley 23.737», que tramita en el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia.

La investigación tiene su origen en un episodio ocurrido el 18 de diciembre de 2025 durante un procedimiento oficial de incineración de estupefacientes realizado en el Polígono de Tiro de la Policía del Chaco, en la zona de Colonia Benítez. Según la acusación fiscal, efectivos que debían participar de la custodia y destrucción de la droga habrían sustraído parte del cargamento para posteriormente introducirlo en el mercado ilegal.

El pedido de penas

La pena más elevada fue solicitada para el comisario Rubén Héctor César Alegre: 15 años de prisión, 90 unidades fijas de multa e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. La Fiscalía lo considera organizador de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por su condición de funcionario público, en concurso con el delito de peculado.

Para el subcomisario Franco Andrés Ramírez, el Ministerio Público pidió 12 años de prisión, 50 unidades fijas de multa e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

En tanto, para Gustavo Andrés Quizama, Néstor Ariel Urne Canteros y Juan Nicolás Almirón Núñez fueron solicitados 11 años de prisión para cada uno, además de 50 unidades fijas de multa e inhabilitación.

Finalmente, para Gustavo Jesús Acosta, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García, la acusación pidió 8 años de prisión para cada uno, junto con multas de 50 unidades fijas e inhabilitación absoluta.

En términos generales, la Fiscalía atribuye a Ramírez, Quizama, Urne Canteros, Almirón Núñez y Acosta la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la cantidad de participantes y por su condición de funcionarios públicos, además del delito de malversación. En el caso de Villalba y García, la acusación por tenencia con fines de comercialización también está agravada por esos dos factores.

Cómo comenzó la causa

El episodio que desencadenó la investigación ocurrió cerca de las 12:40 del 18 de diciembre del 2025. De acuerdo con la acusación, durante la incineración de droga correspondiente a distintas causas federales, Quizama, Ramírez, Almirón Núñez, Urne Canteros y Acosta habrían actuado coordinadamente para sacar cocaína que estaba bajo custodia y debía ser destruida. 

La maniobra fue advertida por Martín Innocente, secretario penal del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, quien detectó movimientos que consideró irregulares cuando Quizama y Ramírez trasladaban uno de los secuestros desde la mesa de pesaje hacia una camioneta Toyota Hilux oficial utilizada en el operativo.

Ante las sospechas, Innocente pidió que una de las cajas volviera a ser pesada. El primer registro había arrojado 8,700 kilos , mientras que el segundo marcó 7,585 kilos , dejando en evidencia un faltante superior a un kilogramo. Posteriormente se ordenó requisar la camioneta policial.

Dentro del vehículo fueron encontrados distintos «panes» de cocaína ocultos debajo de los asientos y entre las pertenencias de los policías. En total, se recuperaron nueve paquetes con 9,490 kilos de cocaína, cuyo valor fue estimado para ese momento en 142.350 dólares.

Además, dentro de una mochila perteneciente a Urne Canteros se encontró un paquete con un material blanco que simulaba ser cocaína, pero que dio negativo en la prueba de campo. Para la Fiscalía, se trataba de un «pan» confeccionado para reemplazar la droga que pretendían retirar y así intentar disimular el faltante.

La hipótesis sobre Alegre

Uno de los puntos centrales de la acusación está puesto sobre el comisario Alegre. Para los fiscales, era el organizador de la maniobra  y ocupaba una posición clave por su función como jefe de la División Operaciones Metropolitana.

Según el expediente, Alegre conocía el circuito de los estupefacientes desde su secuestro hasta su destrucción, tenía bajo su órbita la Sala de Secuestros y contaba con información sobre las cantidades, pesos y características de la droga que debía ser incinerada. La Fiscalía también sostiene que tenía capacidad para seleccionar al personal que participaría del operativo.

Para el Ministerio Público, la estructura tenía un plan previamente organizado: apoderarse de parte de la droga que debía ser quemada, sustituirla eventualmente por paquetes confeccionados con yeso y posteriormente introducir la cocaína sustraída en el mercado ilegal .

Los chats, otra de las pruebas de la Fiscalía

Las pericias sobre los celulares ocupan un lugar importante dentro de la acusación. Entre los elementos incorporados aparece un grupo de WhatsApp denominado «Los laaaaaru laaaaaru», integrado, entre otros, por Almirón Núñez, Urne Canteros y Villalba.

La Fiscalía también detectó comunicaciones previas al procedimiento en las que se hacía referencia a la quema de estupefacientes y a la posibilidad de conseguir droga y colocarla rápidamente en el mercado ilegal. A partir de esas conversaciones, los investigadores incorporaron posteriormente a Villalba y García a la causa.

Según la acusación, aunque estos dos últimos no estuvieron presentes en Colonia Benítez cuando se concretó la presunta sustracción, conocían la maniobra. En particular, la Fiscalía sostiene que García tendría el rol de colocar parte de la droga en el mercado ilegal, mientras que Villalba habría participado de tareas de coordinación y alentado la concreción del plan.

La Fiscalía pidió que los ocho vayan a juicio

Con la investigación preparatoria considerada concluida, Sabadini y Hilgenberg solicitaron formalmente la apertura del juicio oral contra los ocho policías acusados: Gustavo Andrés Quizama, Franco Andrés Ramírez, Néstor Ariel Urne Canteros, Gustavo Jesús Acosta, Juan Nicolás Almirón Núñez, Rubén Héctor César Alegre, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García.

El requerimiento fue presentado por la Unidad Fiscal Resistencia este 1 de septiembre de 2026 , por lo que ahora la causa deberá avanzar a la siguiente instancia procesal para determinar si los acusados llegan finalmente al debate oral.