Celeste Rojas aseguró que su familia es hostigada por la Policía y cuestionó las condiciones de detención del acusado.

Celeste Rojas, esposa de Miguel Ángel Simek Godoy, el joven que fue baleado en avenida Lavalle y calle 1 de Resistencia y posteriormente falleció, habló sobre la causa y reclamó que el acusado, Darío Pérez, permanezca detenido en las mismas condiciones que el resto de los internos. Además, denunció que su familia estaría siendo hostigada por efectivos policiales.
Rojas, aseguró que desde el hecho atraviesan una situación de permanente presión. «Nosotros estamos siendo hostigados por la Policía todo el tiempo. Persona que sale de mi casa, persona que es parada por la Policía», afirmó.
En ese sentido, reclamó justicia por la muerte de Simek y manifestó su preocupación ante una eventual prisión domiciliaria para Pérez.»Yo quiero justicia y que pague por lo que hizo. No quiero que le den domiciliaria, que cumpla como tiene que cumplir. Que no sea un preso VIP como ahora lo es», sostuvo Rojas.
La mujer también aseguró que el acusado tendría familiares vinculados con la fuerza policial y cuestionó las condiciones en las que, según afirmó, permanecería alojado:«Él está en una oficina porque tiene familia que pertenece a la Policía. Tiene que estar con todos los presos y compartir con todos los presos, nada de que tenga coronita por ser familiar de un policía» , expresó.
Rojas indicó que Pérez se encontraba alojado en la Comisaría Segunda, aunque señaló que actualmente la familia desconoce dónde permanece detenido.
«Le gritaba todo el tiempo que lo iba a matar»
La esposa de Simek también se refirió a los conflictos que habrían existido antes del ataque y aseguró que las amenazas se extendieron durante varios meses.
Según su relato, entre ambos había ocurrido inicialmente una discusión que posteriormente derivó en una pelea. «Después durante nueve meses no pasó más nada y él lo amenazaba igual», afirmó.
Rojas relató además un episodio que habría involucrado a su abuela, de 70 años. Según aseguró, Pérez habría ido hasta el lugar para amenazarla, situación ante la cual Simek intervino.»El señor Pérez fue a amenazar a mi abuela de 70 años y mi marido salió a hablar con él, quien muy prepotentemente le gritaba todo el tiempo que lo iba a matar», sostuvo.
La mujer explicó que Simek y Pérez eran vecinos de Villa Encarnación, aunque aseguró que anteriormente no mantenían una relación personal: «Eran vecinos, pero no se conocían. Eran del mismo barrio».
Las versiones sobre lo ocurrido
El hecho ocurrió el 17 de agosto al mediodía en la zona de avenida Lavalle y calle 1 de Resistencia. Simek, de 24 años, sufrió heridas de arma de fuego y debió ser hospitalizado. Los primeros estudios habían determinado una lesión en el tórax y una fractura de húmero derecho provocada por un proyectil. Posteriormente se confirmó su fallecimiento.
Antes de la muerte del joven, la defensa de Darío Pérez había dado una versión diferente sobre la secuencia. Su abogado, Miguel Barceló, sostuvo que su defendido regresaba de comprar un repuesto cuando habría sido atacado por una persona con quien mantenía conflictos anteriores.
Según esa versión, ambos comenzaron a golpearse y posteriormente habría intervenido una tercera persona que portaba un arma de fuego.
«Cualquier persona hubiera huido o evitado la situación, pero no se escapó, fue y se presentó en la Policía», había señalado Barceló sobre el comportamiento de Pérez después del episodio.
La defensa también solicitó pericias sobre el arma involucrada, entre ellas el levantamiento de huellas dactilares para determinar quiénes la manipularon. Barceló sostuvo que el arma pertenecería a una tercera persona que habría participado de la pelea.
Asimismo, había solicitado incorporar documentación del centro de salud del barrio Toba vinculada con un supuesto tratamiento psiquiátrico de su defendido.
Mientras continúan las medidas destinadas a reconstruir cómo se produjo el enfrentamiento, la familia de Simek reclama que se investiguen las circunstancias del ataque y que Pérez permanezca detenido sin ningún tipo de trato diferencial. «Yo quiero justicia y que pague por lo que hizo», insistió Rojas.

