Desde la Lista 10, apuntaron contra el Ministerio de Educación por el cambio de fecha de las elecciones docentes y no docentes.

Según expresaron, la Resolución Ministerial Nº 3512 que reprograma las elecciones docentes para el 28 de noviembre, no cumple con la resolución judicial del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

«Claramente, debe permitir a nuestro candidato participar en igualdad de condiciones que los demás y dejar sin efecto la Resolución 3/24 de la Junta Electoral. Entendemos que llamar a elecciones dentro de 10 días corridos, con 4 o 5 días hábiles de por medio, no pone en igualdad de condiciones a nuestro candidato ante los otros que han recorrido la provincia durante tres meses en campaña», señalaron.

«Si sólo eso, dentro de innumerables perjuicios (no tener votos, fiscales, reclamos necesarios y demás), es inadmisible. Nos resulta obvio que el Estado pretende llevar adelante algo que de por sí va en contra del fallo judicial y es hasta irrazonable», agregaron.

Asimismo, en los considerandos de la Resolución Ministerial cuestionada se expresa que «el acto eleccionario se llevará a cabo el día 28 de noviembre, no mediando objeción alguna de los presentes». «Eso implica desconocer el planteo realizado ese mismo día, a las 10, por el apoderado de nuestra Lista, a través del correo oficial de la Junta Electoral, donde solicita se cumpla con las acciones conducentes a subsanar la ilegalidad de la Resolución que impugna a nuestro candidato», explicaron.

«Incluso, resaltamos que la reunión convocada era para informar lo decidido por la Justicia y no para propuesta de nueva fecha de elecciones. Esto nos resulta extraño y más aún que los apoderados presentes de las otras Listas, en forma física, no se hayan dado cuenta de que no se cumplía con lo dispuesto por el Superior Tribunal y que el candidato «supuestamente habilitado» no podía tan siquiera comenzar su campaña», indicaron.

«Insistimos que no es momento de personajes que ignoran cuestiones, que no clarifican, que son caprichosos y que buscan tener la razón, aún a costa de aparecer ridículos, sin importarles el gasto enorme e innecesario que originan en el dinero público. Alguno, con mala intención, podría opinar que lo hacen porque no es su plata. Siguen avanzando tozudamente», expresaron.

Además, mencionaron que «la Junta Electoral debe asumir su responsabilidad. Son las autoridades máximas de este impresentable proceso eleccionario y que, imaginamos, serán el objeto de las sanciones que les corresponda por incumplimiento de la orden judicial».

«Esperamos la imprescindible reflexión de los actores que deciden y que supuestamente saben y que el Poder Ejecutivo no avale una nueva ilegalidad que se intenta cometer», concluyeron.