El Gobierno fundamentó la decisión indicando que la jubilación de privilegio y la pensión que recibían Cristina Kirchner “devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.

Se aclara que “una particular circunstancia que otorga legitimidad de percepción a sus beneficiarios le viene dada por ciertas conductas que tienen que acreditar en función del ejercicio de altos cargos en la Administración Pública, siendo que esa premisa no solo tiene que acreditarse al cese en el cargo sino también durante la percepción del beneficio”.

La medida afecta tanto a la jubilación de privilegio correspondiente a su tiempo como presidenta, como a la pensión derivada por el fallecimiento de Néstor Kirchner. La suma combinada de estos ingresos alcanzaba aproximadamente $21.827.624 mensuales.

Para dimensionar esta cifra, en octubre de 2024, el haber mínimo en Argentina fue de $244.320,56; por lo tanto, la asignación de la ex presidenta equivale a 88 jubilaciones mínimas. Incluso si se considera el bono adicional que algunos jubilados perciben para compensar la inflación, la suma representa cerca de 69 jubilaciones con el bono incluido.

Las causas y la justificación de la suspensión de la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner

La decisión de Milei se enmarca en la Ley N° 24.018, que establece las asignaciones para expresidentes y exvicepresidentes como una retribución excepcional basada en el mérito y el buen desempeño.

Adorni destacó que la medida responde a la reciente condena de Fernández de Kirchner por administración fraudulenta, dictada por la Cámara de Casación Penal en el contexto de la causa Vialidad. Según el vocero, esta condena pone en duda su «honor, mérito y buen desempeño», elementos que, según la ley, justifican la asignación de privilegio.

Argumentó que el gobierno de Milei busca erradicar cualquier asignación de recursos a personas condenadas por corrupción. “Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ningún corrupto que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, afirmó.

De este modo, la administración actual propone un cambio radical en la asignación de beneficios a exfuncionarios en casos de antecedentes penales.