Cancillería notificó a operadores, accionistas y proveedores vinculados con el proyecto Sea Lion, que prevé una inversión de US$ 1.800 millones y comenzar a producir crudo en 2028.
El Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios contra 45 empresas y personas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, realizadas sin autorización de las autoridades nacionales.
La medida, impulsada por la Cancillería, alcanza a compañías titulares de licencias, accionistas, altos ejecutivos y proveedores de servicios relacionados con los proyectos petroleros desarrollados en torno al archipiélago.
Entre los involucrados aparecen empresas y personas de distintos países, entre ellos Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Sudáfrica y Kazajistán.
El principal foco está puesto sobre Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration , las dos compañías que encabezan el proyecto Sea Lion , uno de los desarrollos hidrocarburíferos más avanzados de la zona.
Las actuaciones también alcanzan a Borders & Southern Falkland Islands Limited y JHI Associates , además de proveedores de servicios e infraestructura técnica como Noble Corporation, NSAI y Fugro.
Sea Lion, el proyecto en el centro de la disputa
El yacimiento Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Navitas Petroleum posee el 65% de la participación en el proyecto, mientras que Rockhopper Exploration conserva el porcentaje restante.
A fines de 2025, las compañías aprobaron una inversión cercana a los US$ 1.800 millones para avanzar con la primera etapa del desarrollo.
Según las estimaciones empresariales, el objetivo es comenzar la producción en 2028 y alcanzar alrededor de 55.000 barriles diarios .
Navitas calcula que el área contiene unos 216 millones de barriles de reservas y recursos totales estimados en aproximadamente 603 millones de barriles.
Argentina considera ilegítimas las actividades hidrocarburíferas desarrolladas unilateralmente en el área de las Islas Malvinas, cuya soberanía permanece en disputa con el Reino Unido, y exige autorización nacional para cualquier operación vinculada con la exploración o explotación de recursos naturales.
Multas, inhabilitaciones y decomisos
Los procedimientos se encuadran en la Ley 26.659, que establece sanciones para las empresas que realicen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.
Entre las penalidades previstas figuran multas equivalentes al valor de entre 15.000 y 1,5 millones de barriles de petróleo , además de la posibilidad de impedir que las compañías operen en el país durante un período de hasta 20 años.
La normativa también contempla la caducidad de concesiones o permisos que las firmas puedan tener en territorio argentino y el decomiso de equipos y materiales utilizados en las actividades consideradas ilegales.
En ese contexto, grandes compañías internacionales de servicios petroleros como SLB, Halliburton y Baker Hughes ya tomaron distancia de las operaciones vinculadas con los proyectos desarrollados alrededor de las islas.
