El Gobierno nacional detectó presuntos sobreprecios y posibles irregularidades en compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025. Un informe técnico elaborado por el Ministerio de Salud, que ya forma parte de una causa judicial, analizó facturas emitidas por proveedores del Estado y comparó los montos abonados con valores de referencia del mercado.

Según el documento, las diferencias detectadas oscilaron entre el 300% y más del 4000% en algunos casos. Entre las operaciones observadas aparece la compra de un andador con un presunto sobreprecio del 4239%, además de adquisiciones de sillas de ruedas y prótesis con valores muy superiores a los considerados razonables por los técnicos.

El informe, firmado por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud el 10 de abril, advierte sobre «desvíos de precios injustificables» y menciona la existencia de conexiones societarias y familiares entre distintos proveedores que, según se sostiene, habrían afectado la libre competencia y la transparencia de las contrataciones públicas.

Uno de los casos señalados corresponde a la adquisición de válvulas bicaval transcatéter, un insumo utilizado en tratamientos cardíacos. De acuerdo con el relevamiento oficial, una contratista recibió $425 millones por esa compra, mientras que otro organismo estatal había adquirido el mismo producto meses antes por $124,2 millones.

La investigación judicial también analiza contrataciones de sillas de ruedas pediátricas y otros elementos ortopédicos. En una de las facturas revisadas, una silla de ruedas fue abonada por $19 millones, pese a que el valor de referencia informado rondaba los $1,2 millones.

El documento revisó 37 facturas correspondientes a seis empresas proveedoras que, en conjunto, recibieron pagos por más de $18.100 millones. Entre ellas aparecen firmas dedicadas a ortopedia, insumos médicos y equipamiento especializado.

La causa investiga además el funcionamiento del Siipfis, el sistema digital utilizado para gestionar las prestaciones y compras de la Andis. La hipótesis judicial sostiene que el mecanismo habría sido manipulado para favorecer a determinados proveedores mediante invitaciones dirigidas y simulaciones de competencia entre empresas vinculadas.

En ese marco, fiscales y jueces analizan mensajes, registros administrativos y vínculos entre empresarios, exfuncionarios y operadores comerciales. Hasta el momento fueron convocadas a declaración indagatoria 49 personas.

La causa también incluye peritajes sobre audios incorporados al expediente, en los que se menciona un presunto esquema de coimas dentro de la Agencia. La Justicia busca determinar la autenticidad de esas grabaciones y el alcance de las maniobras investigadas.